En declaraciones recientes, el ministro de economía Sergio Massa
amenazaba literalmente a las empresas textiles con la posibilidad de “abrir la
importación” y quitar algunos “beneficios fiscales” si no moderan los aumentos
de precios de la vestimenta.
Piensen por un momento la cantidad de disparates en tan pocas palabras. Primero, el ministro reconoce el efecto beneficioso de los precios del
comercio global reconoce que abrir el comercio es bueno para los precios, pero,
por ideología, prefiere dañar a los consumidores antes que cambiar el modelo
extractivo y confiscatorio.
Para Massa es mejor tener a los empresarios locales rehenes. Los
empresarios textiles estarían encantados de poder competir en igualdad de
condiciones y exportar sus productos sin que les roben sus dólares con tipos de
cambio falsos, estarían encantados de que la moda argentina fuera conocida en
el mundo en vez de estar ahogados por unos gobiernos que les impiden crecer y a
la vez les impiden respirar.
Es todavía más increíble que el ministro piense que los empresarios
textiles -o cualquiera en Argentina- disfruta de “beneficios fiscales”
cuando los hunden con el impuesto inflacionario con una moneda que nadie en el
mundo acepta como reserva de valor y medio de transacción y con la fiscalidad
más agresiva de la OCDE.
En el último informe de la 1841 Foundation de “infiernos fiscales”
Argentina aparece en el puesto número tres del mundo.
El Índice de infiernos fiscales es el primer paper de
The 1841 Foundation y se ha desarrollado para resaltar aquellas jurisdicciones
que tradicionalmente se consideran jurisdicciones con altos impuestos, junto
con su incapacidad para brindar incluso servicios básicos a los ciudadanos a
los que gravan. La combinación de impuestos punitivos y falta de
calidad de vida es un indicador clave para la clasificación de cada
jurisdicción.
Según el FMI Argentina tiene la cuña fiscal más elevada de Latinoamérica
y en el caso de las pequeñas y medianas empresas ese nivel confiscatorio llega
a acaparar la totalidad de las ganancias. La cuña fiscal es
un indicador que trata de medir la incidencia del sistema tributario en un
determinado valor. Es decir, la diferencia entre lo que desembolsa el
consumidor y lo que recibe el productor, siendo esta diferencia propiedad del
Estado vía impuestos.
Un empresario textil en Argentina debe sufrir el colapso anual del peso
y el aumento de costos constante de los productos importados y además la
amenaza del gobierno porque adapta los precios a un aumento de costos que no le
permite ni siquiera cubrir sus necesidades de capital circulante.
Los impuestos suponen más de un 50% del precio de la ropa en Argentina y
el empresario no llega a tener un margen del 8% si consigue vender todo lo que
produce, algo muy difícil que eso ocurra.
El Estado es el gran problema en el precio del textil. Un informe de la Fundación Pro-Tejer señala que la mitad del precio de
una prenda se distribuye en impuestos encadenados: IVA; a los Ingresos Brutos;
Ganancias; a los Débitos y Créditos bancarios; Rentas provinciales; Seguridad e
Higiene y otras tasas municipales. Se incluye, además, lo que recauda el Estado
en aportes y contribuciones a la seguridad social.
Es importante entender que son impuestos encadenados que, además, benefician al Estado cuanto más suben los precios ya que
son un porcentaje del precio de cada parte de la cadena. Es decir, el Estado
recauda más cuanto más suben los precios por una cadena de tributos monetarios
que, además, se unen al ruinoso impuesto inflacionario imprimiendo pesos sin
control.
Para terminar estimados lectores, podemos afirmar que el problema de los
precios textiles no son las empresas, es el gobierno.
Muchas gracias y hasta la próxima.
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